Sí, una agrupación de artistas escénicos de Mérida.

Hacia la segunda semana de mayo, el bailarín y coreógrafo Roger Pech Sansores nos comunicaba a sus colegas de tablas que en el marco de una reunión con personal de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta) del Estado de Yucatán se les había informado a las y los creadorxs dancísticos que los teatros José Peón Contreras, Daniel Ayala Pérez y Armando Manzanero (antes, Mérida) serían rentados a quienes quisiéramos presentar nuestras producciones en ellos; incluidos, claro, los colectivos que nos seguimos abanderando como independientes, amén de los apoyos que conseguimos tanto de la iniciativa privada y la administración pública, cuanto del así llamado tercer sector que integran las organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional. La medida, proveniente de la Secretaría de Administración y Finanzas encabezada por el empresario Roberto Antonio Rodríguez Asaf por instrucciones, debe suponerse, del gobernador Rolando Zapata Bello, es a todas luces un botón de muestra de que cuando nuestras autoridades hablan de desarrollo lo hacen bajo dictados neoliberales; por lo menos, en materia de cultura.

La noticia de lo que no puede leerse sino como una privatización de facto de la infraestructura teatral en la capital del estado, ya que sólo las escuelas y academias particulares y las producciones que cuenten con la solvencia económica para cubrir la renta de los teatros, pagar técnicos, edecanes y boletaje y emprender una estrategia de mercado de públicos que según la matemática cultural implicaría invertir por lo menos el 20 por ciento del presupuesto de producción podrán hacer uso de los teatros en teoría públicos, llevó a que algunas y algunos colegas comenzarán a convocarnos a lxs demás para pensar juntxs qué podíamos hacer ante ésta y otras decisiones, tomadas y por tomar, por parte de las y los funcionarios de cultura de los gobiernos estatal y municipal. La mesa estaba puesta, pues, entre quienes nos convocaban había compañerxs que ya de por sí venían reuniéndose con la idea de presentar a la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mérida y a la Sedeculta del estado sendos planes que desde su perspectiva contribuirían en la generación y multiplicación de públicos asiduos al teatro, la danza, la música y la performance en espacios alternativos a la infraestructura gubernamental.

Yo acudí a la segunda de estas primeras reuniones, no así el colectivo al que me adscribo, representado desde la primera reunión por el actor y director Pablo Herrero, y quise poner énfasis sobre un par de cosas que en mi opinión es importante no perder de vista: la política cultural en el país, no nada más en Yucatán, está siendo dictada por organismos internacionales que, para decirlo en reduccionismos groseros, entienden las culturas y las artes bajo criterios de mercado que conculcan derechos humanos de segunda y tercera generación, y, por ende, poco a poco las legislaciones nacionales van apuntando hacia la legalización de la comercialización y privatización de la educación y la cultura; creer que cuando las autoridades hablan de desarrollo lo hacen en nuestros mismos términos puede rayar en la ingenuidad y sujetarnos a un marco legal cada vez más a modo de intereses capitalistas sin buscar incidir en que dichas leyes garanticen la plena satisfacción de derechos económicos, sociales y culturales puede ser un error.

Motivado por éstas y otras reflexiones y por el hecho mismo de que nos estemos reuniendo en la defensa de nuestra fuente de trabajo y del derecho general a disfrutar de una producción artística y cultural de calidad, escribí una pequeña nota titulada "¿Una agrupación de artistas escénicos de Mérida?" (Milenio-Novedades, 28/05/2013) en la que comienzo hablando de la renta de los teatros administrados por el gobierno del estado en la ciudad de Mérida y termino diciendo que si bien las políticas culturales de las administraciones estatal y municipal difieren desde el nombramiento de sus responsables principales, creo que las diferencias más claras responden a la actitud de la informe comunidad artística de cara a las decisiones y omisiones de los proyectos de gobierno de tales administraciones: cuando se anunció que no habría Festival de la Ciudad, creadoras y creadores nos le fuimos a la yugular al titular de la Dirección de Cultura; cuando de la Sedeculta salió la tardía invitación para armar el Programa Estatal de Desarrollo, casi nadie nos quejamos por el mañoso modo en que se nos había excluido.

Mi nota salió publicada el mismo día que celebraríamos la tercera sesión de nuestra incipiente agrupación y, "¡Oh, Fortuna!", como dijera Geta en Formión de Terencio, el señor Raúl Vela Sosa, titular de la Sedeculta, asistió para charlar cara a cara con quienes nos estamos juntando en Tapanco Centro Cultural y hacernos, dijo, algunas precisiones. No me atrevería a decir que fue mi nota lo que motivó que decidiera acompañarnos; cuando alguno de mis colegas, creo que Juan de Dios Rath, le dijo que celebraba su presencia, el señor Vela respondió: "es mi chamba". Importa poco, si no es que nada, saber si una nota publicada en el diario con menos ventas en la capital del estado le hizo, después de dos sesiones, recordar cuál es su chamba. Importa, eso sí, que haya acudido y nos haya escuchado. Importa que, inclusive, haya soltado dos o tres datos importantes de compartir. Uno de ellos tiene que ver justamente con la renta de los teatros: se trata de una norma impuesta desde 2009 por el gobierno de Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, "el monstruo no nació ahora", dijo, que no se había implementado; en su lugar, "álguienes", podemos suponer que quienes dirigen los teatros, acordaban con las compañías irse a taquilla en una proporción de 75 por ciento para la agrupación artística y 25 por ciento para el teatro, porcentaje, éste último, que, se presume, nunca llegaba a las arcas de la administración.

Si entiendo bien, la disposición gubernamental de rentar los teatros responde a casos graves de corrupción en la administración anterior; sin embargo, el señor secretario en su misma puntualización dijo que no le interesaba saber quién había hecho qué, sino que las arcas del estado se sanearan. Cabe preguntar, ¿cómo busca sanear dichas arcas sin deslinde de responsabilidades y manteniendo aún en sus puestos a quienes presuntamente habrían cometido tales actos de corrupción? Así las cosas, la disposición que ordena rentar los teatros no sólo propiciará que las compañías, colectivos y personas que hacemos de las artes escénicas nuestro oficio y fuente principal de ingresos vayamos quedando al margen de su acceso por no poder cubrir el costo que ello implicaría, sino, además, redundará en el enriquecimiento ilícito de quienes operan la administración pública. Se podrá decir que no será así, debido a que los ingresos de la renta no quedarán ya en manos de funcionarios culturales en quienes ni su propio jefe parece confiar; pero el reconocimiento de que la regla que nos normará la heredamos del gobierno que abrigó dichas triquiñuelas suena más a una abdicación de funciones que a una voluntad de reparar lo que se ha venido haciendo mal: si el monstruo no nació ahora, que, por lo menos, no se le dé de comer más.

Enhorabuena por el esfuerzo de quienes nos estamos reuniendo, no ya con ánimo servil, sino propositivo, en aras de incidir en las políticas culturales que, por ahora, han brillado por su ausencia por lo menos en lo que a la administración estatal toca. Enhorabuena por la visita del señor secretario y su voluntad expresa de diálogo; esperemos que tácitamente esa voluntad no se traduzca en puertas cerradas y oídos sordos pasado mañana y que el saneamento que dice durará hasta 2014... sí, así están las cosas... dé paso a una relación de respeto con las y los creadores escénicos donde la palabra desarrollo signifique investigación, rescate, promoción, difusión, producción y goce universal del patrimonio artístico y cultural que está haciendo que diversos ojos lancen la mirada hacia estas tierras del Mayab.

Roger Bartra, citando a John Keane y su concepto de monitory democracy, escribió en Letras Libres sobre la necesidad de una democracia que "agrega a los procesos tradicionales [de representación] nuevos y poderosos mecanismos de escrutinio no parlamentario; una democracia en la que se multiplican los mecanismos monitores que permiten vigilar a los poderes establecidos e informar a la sociedad sobre su funcionamiento, mediante [acciones] realizadas por grupos e instituciones independientes que suelen amonestar, conminar o reprender a los poderes políticos y que alertan públicamente y reparten moniciones sobre el mal funcionamiento del gobierno y de los malos manejos de los políticos, los funcionarios y los representantes." ¿Acaso no nos merecemos una democracia que por lo menos sea así?

¿Una agrupación de artistas escénicos de Mérida?

(Publicado en Milenio-Novedades, el 28 de mayo de 2013).

Hacia la segunda semana de mayo, por las así llamadas redes sociales comenzó a correr la noticia de que por instrucciones de la Secretaría de Administración y Finanzas, encabezada, si no me equivoco, por un empresario, se comenzará a cobrar la renta de los tres recintos a su cargo para alojar a las artes escénicas en la ciudad de Mérida: el Teatro José Peón Contreras, el Teatro Daniel Ayala Pérez y el otrora Teatro Mérida (hoy, Teatro Armando Manzanero).

Colegas al frente de proyectos de espacios que podríamos llamar independientes, amén de los apoyos que llegan a recibir tanto de las administraciones estatal y municipal cuanto de la federal, venían reuniéndose con la idea de presentar a la Dirección de Cultura del Ayuntamiento y a la Secretaría de la Cultura y las Artes del Estado sendos planes que desde su perspectiva (más convivial que mercantil) contribuirían en la generación y multiplicación de públicos asiduos al teatro, la danza, la música, la performance.

Las políticas culturales de las administraciones estatal y municipal difieren desde el nombramiento de sus responsables principales; sin embargo, no creo que dicha diferencia responda a la procedencia partidista de una u otra administración, sino, más bien, a la actitud de la “comunidad artística” ante las decisiones y omisiones de los proyectos de gobierno de tales administraciones: cuando se anunció que no habría Festival de la Ciudad, creadoras y creadores nos le fuimos a la yugular al titular de la Dirección de Cultura; cuando de la Sedeculta salió la tardía invitación para armar el Programa Estatal de Desarrollo, casi nadie se quejó por el mañoso modo en que se nos había excluido.

El anuncio de la privatización de facto de la infraestructura teatral nos ha reactivado a algunas y algunos artistas escénicos en Mérida en la búsqueda de revertir la medida neoliberal que nos dejará sin acceso a los recintos arriba citados; quizás no entendemos del todo que la decisión que nos provoca reencontrarnos responde a dictados propios de un modelo de producción criminal; pero, sin duda, debe saludarse que hayamos decidido sacudirnos la apatía que suele mantenernos inermes. Falta ver si podremos contrarrestar la inercia clientelar que suele dividirnos.

Buscando a «El Tío» en medio de la Yaldaé.

("El Poder de la Pluma" de Milenio-Novedades de Yucatán, 14 de mayo de 2013.)

A Claudia Cámara, en esta hora. 

Hoy, mientras escribo estas notas, se cumplen 50 días de que Teodulfo Torres Soriano, mejor conocido como El Tío, está desaparecido. Recorro con la mirada buscando algo a lo cual asirme para poder ir articulando las palabras que den cause al miedo, la zozobra y la indignación. Me topo con la primera de forros de uno de los números más recientes de cuadernillos editados por PasodeGato: S.O.S. La Gran Travesía, de Francisco Solís.

El Tío debería ser uno de los personajes en la obra del director de la compañía Teatro del Sueño; así, Raí, Nubia, Lúa, Eddy y Art ya lo hubieran encontrado y devuelto a todas y cada una de las trincheras donde su ausencia cala hondo, como el proyecto de agricultura urbana “El Terreno” (sistemáticamente amenazado por la connivencia de caciques locales de Xochimilco con el gobierno de la Ciudad de México) o el grupo de teatro “Mitote”, colectivo de la “Otra Cultura” dentro de La Sexta.

Pero no, no lo es.

O, quizás sí y, encarnando al Guardián del Equilibrio, es él quien les dice a estos jovencitos un poco más pequeños que mi hijo que: “En los últimos tiempos el mundo ha cambiado […] Los hombres son cada vez más egoístas y ambiciosos [y] sus relaciones se han vuelto más violentas y su trato menos armónico […] Nos hemos alejado de la naturaleza. La tierra se ha vuelto triste y es por ello que es preciso salvarla [pues] todo lo que ha sucedido es parte de un proyecto de un ser maligno que habita en la zona oscura de la tierra: Yaldaé”.

Yaldaé o Yaldā es como los antiguos persas llamaban a la noche más larga de su calendario. El poeta Musharrif al-Dīn ibn Muṣlih al-Dīn (1213-1291) escribió en El jardín de las frutas (1257) que “La verdad no vendrá mañana, hasta que la noche Yalda se ha ido”. En la obra del maestro Solís, ésa noche es aún más larga porque los hombres se han convertido en máquinas rutinarias a los cuales es fácil vencer gracias a su inmovilidad.

El Tío lo sabía, por eso lo mismo hacía teatro con Kuy que caminaba junto a mujeres gigantas en “El Terreno”. Y, por eso también, Yaldaé lo tiene como a Lúa en su frío y desolado seno. Será necesario echar mano de La Raíz Más Firme y El Material Más Sólido para dar con él y hacer que esta noche, que ha alcanzado incluso a la comunidad teatral yucateca en el dolor que visita hoy a una de sus cómicas escritoras de teatro regional, se disipe.

Atenco, el otro cinco de mayo.

Han pasado siete años, unos 2 mil 557 días con todo y sus noches; aún así, el tufo a impunidad que se respiraba en el aire aquella mañana del 5 de mayo de 2006 persiste en su intención de dejarnos claro “quien manda aquí”. Aunque no muy bien lo consigue.

Sí, hablo de la mañana del 5 de mayo. Sé que, cuando se habla de la lucha del pueblo de Atenco otras fechas saltan a la memoria; en estos días, justamente, recordamos el 3 y el 4 de mayo de ése mismo 2006. Pero yo hablo del 5 de mayo, de un otro 5 de mayo.

No del 11 de julio de 2002, cuando al menos un millar de elementos de la Fuerza de Acción y Reacción Inmediata (FARI) mexiquense se enfrentaron contra unos cien ejidatarios del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) que resistían la intentona gubernamental foxista de expropiar sus tierras, a razón de 7 pesos el metro cuadrado, para construir un aeropuerto alterno al de la Ciudad de México; lo que dio por resultado decenas de detenidos y heridos, así como la muerte, dos semanas después, de José Enrique Espinoza Juárez.

Ni, mucho menos, del 7 de marzo de 2006, cuando el candidato panista a la Presidencia de la República, Felipe Calderón, también conocido como Felipe Franco Pinochet, declaraba arrogante su intención de reintentar el despojo que su predecesor no pudo llevar a cabo cuatro años atrás: “que sean los expertos y no los machetes los que determinen la construcción [del aeropuerto metropolitano]”. Tampoco del 21 de abril, un día después del ataque de policías y ganaderos en contra de horticultores y floricultores del Mercado Belisario Domínguez, donde también fueron golpeadas y golpeados decenas de mujeres y ancianos.

Ni de la madrugada del 3 de mayo del mismo año, cuando, tras una mesa de diálogo con “autoridades” del ayuntamiento perredista de Texcoco que en la víspera habían asegurado el permiso para la venta de sus flores ése día de la Santa Cruz en el mercado municipal, las y los floricultores serían desalojados con lujo de violencia; telón de boca que daría paso a los enfrentamientos en la carretera federal Texcoco-Lechería cuyas imágenes le darían la vuelta al mundo en 80 kilobytes, convirtiéndose en un muestrario cada vez menos extraño de la insensatez y la estulticia gubernamentales y de los medios electrónicos de dizque comunicación en México.

Es más, ni siquiera de aquella dolorosa mañana del 4 de mayo en que, azuzados mediáticamente y con la venia del enano político que unos meses después arribaría al poder por causa y efecto de un fraude electoral, los funcionarios disfuncionales de los gobiernos del Estado de México, priísta, y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, panista, iniciaron el operativo de represalia con que se cobraron la herida recibida en su orgullo de militares vestidos de policías el día anterior, arrasando con todo y contra todos en Atenco. Todavía recuerdo, como si hubiera sido ayer, el timbre del teléfono sonando durante horas hasta convertirse en una copia barata de las trompetas que supuestamente harán sonar los ángeles del Apocalipsis, dejando escurrir las cifras de cientos de compañeras y compañeros de la entonces Otra Campaña perseguid@s, arrestad@s, golpead@s, secuestrad@s y torturad@s con agresiones físicas, verbales, psicológicas y violaciones sexuales a manos de quienes se dicen “guardianes del orden”.

No, prefiero hablar de la mañana del 5 de mayo de 2006; ésa en la que el país amaneció siendo uno muy otro. Los enfrentamientos de las últimas 48 horas; las detenciones, entre otros, de Ignacio del Valle y el asesinato del casi niño Javier Cortés Santiago el día 3; así como los allanamientos y detenciones ilegales, ejemplares en su bestialidad, del día 4; habían cerrado la puerta al México que en 1997 y 2000 celebraba, con los triunfos de la oposición en la Ciudad de México y el Gobierno federal, respectivamente, la supuesta entrada a la lista de los países democráticos del planeta tras la expulsión del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Los Pinos. Sin embargo, los hechos, que como siempre suelen ser más testarudos que los dichos, terminaron por mostrar en toda su crudeza la calaña de quienes por un lado del espectro político, bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN), se habían autoproclamado los paladines del progreso y la democracia a lo largo de 67 años, y de quienes por el otro, con el nombre de Partido de la Revolución Democrática (PRD), se jactaban de representar desde 1989 lo más granado de la izquierda partidista: resultaron tan antidemocráticos y represivos como la triste y largamente célebre “dictadura perfecta” (Vargas Llosa, dixit) del PRI.

La brutalidad manifestada en San Salvador Atenco había puesto a cada quien en su lugar: el candidato del PRI, famoso por hacer fraudes hasta en maratones internacionales, felicitó al gobernador de su partido en el Estado de México, Enrique Peña Nieto, por la violenta solución; el del PAN defendió el revanchismo del gobierno federal blanquiazul y dijo que de estar en semejante situación él hubiera hecho lo mismo, y el del PRD, más preocupado por los 10 puntos que decía llevar de ventaja en las encuestas, apenas alcanzó a condenar la violencia “viniera de quien viniera”, pero ya no pudo, quizás porque no quiso, señalar siquiera la protagonizada por el alcalde texcocano, de su propio partido, en contra del FPDT: “no tenemos nada que ver en este asunto, en este conflicto. Éste es un grupo que ha manifestado no estar de acuerdo con nosotros”.

A tono con las voces cantantes del circo electoral, esa mañana los grandes electores: los medios de comunicación, se dieron a la tarea de denostar al FPDT, a la Otra Campaña, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y a su jefe militar y vocero: el subcomandante Marcos; adherentes todos de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, emitida en junio de 2005 por la organización insurgente. En la mayoría de los programas de radio, los noticieros de las dos cadenas de televisión que tienen acaparado el espectro radioeléctrico y la prensa escrita se daba cuenta de la “valentía” y coordinación con que los soldados disfrazados de agentes estatales y federales de seguridad pública habían “recuperado el control” de la plaza, “liberado” a los “policías” retenidos la noche del 3 de mayo y garantizado la “vuelta de la paz y el orden”: habían hablado los expertos, como quería Calderón (y lo seguirían haciendo a lo largo de su criminal sexenio de la muerte) no los machetes.

El diario La Jornada, que se había mantenido relativamente distante de la Otra Campaña debido a los señalamientos que el zapatismo le ha hecho al lopezobradorismo, salvo por la cobertura que hasta la fecha hacen Hermann Bellinghausen y Gloria Muñoz Ramírez, se comprometió mucho más y dio muestras de que “valentía”, que “recuperación del control”, que “liberación de policías” y que “regreso de la paz y el orden” se trataba: toletiza al trabajador jubilado telefonista Jorge Salinas; vejación a una mujer indígena, que después supimos era doña Magdalena García; cateos sin orden judicial y destrozos en bienes inmuebles; secuestro, más que arresto, de 218 hombres y mujeres, la mayoría de ellas, 30 de 47, violadas sexualmente como método de tortura; la fractura craneal con exposición de masa encefálica de Alexis Benhumea, causada por el impacto de una lata de gas lacrimógeno (igual a la sufrida seis años después por Juan Francisco Kuykendall Leal), que luego la causaría la muerte porque los militares impidieron la llegada de una ambulancia y detuvieron al médico que pretendió ayudarlo, o la detención y posterior expulsión de las españolas María Sostres y Cristina Valls, la alemana Samanta Dietmar, la chilena Valentina Palma y el chileno Mario Aguirre.

También ésa mañana, el matutino Detrás de la Noticia, conducido por Ricardo Rocha, difundía las declaraciones del excomisionado de la ASE, el vicealmirante Wilfrido Robledo Madrid, quien estando al frente de la PFP tuvo que renunciar por acusaciones de malversación de fondos y uso indebido de atribuciones y facultades, de que sus fuerzas no abandonarían San Salvador Atenco sino hasta “garantizar que la paz quedara totalmente reestablecida”. El capitán de fragata José Antonio Villanueva Lira, jefe de la subsección del servicio militar nacional de la Armada de México, no se quedaría atrás: ése mismo día manifestaría en el marco de la ceremonia de jura de bandera de 150 jóvenes conscriptos que “los recientes acontecimientos de violencia y enfrentamiento entre actores sociales y autoridades del gobierno son hechos aislados de gente protagonista que quiere figurar en los escenarios políticos y sociales” y, tras morderse la lengua, como luego se dice, aseguró que los jóvenes preparados en la Armada “estarían listos” de ser requeridos por el Estado mexicano. ¡Oh, sempiterno 5 de mayo que convocas a que las armas de la Patria quieran vestirse de gloria!.. aunque sea reprimiendo movimientos sociales.

Así, cual paráfrasis de aquél 5 de mayo de 1862 en que las tropas invasoras francesas y los conservadores mexicanos que las apoyaban eran derrotadas por los liberales al mando de Ignacio Zaragoza en la Heroica, después Preciosa, Puebla, los bandos se habían establecido claramente: de un lado, el de los invasores, las fuerzas armadas estatales y federales priístas y panistas, defensoras del derecho neoliberal de despojar tierras a comunidades y pueblos, la mayoría de los medios de comunicación extendiendo sus tentáculos y mostrando sus pulgares hacia abajo y los candidatos a la Presidencia, ya felicitando, ya guardando un silencio cómplice; del otro, los herederos de Numancia: las y los pobladores de San Salvador Atenco, el FPDT, las y los adherentes de la Otra Campaña que cumplían el primero de cientos de días presas y presos sin prueba de delito alguno, y los cientos al principio y después miles de adherentes que ése mismo día nos alistábamos para recuperar, nosotros sí, Atenco.

La tarde del 5 de mayo de 2006, la marcha encabezada por el delegado zero de la Comisión Sexta del EZLN, el subcomandante Marcos, y los contingentes de estudiantes de la UACh, el IPN, la UNAM y la UAM, llegaba al zócalo de Texcoco sumando poco más de 4 mil personas, el doble de quienes habíamos salido de Chapingo; cuando llegamos a la entrada de San Salvador Atenco, unos minutos antes de que comenzara a oscurecer, éramos ya unas 7 mil personas esperando, sin más armas que la razón y la dignidad, el encontronazo con los agentes de la ASE y la PFP quienes, a decir de Robledo Madrid, no se retirarían de Atenco sino hasta el 6 ó 7 de mayo; pero, cuando la marcha llegó a la plaza de armas, frente a la Casa de Cultura donde decenas de compañeras y compañeros como la enfermera Edith Rosales fueron golpeados y detenidos, no se veía ni un solo militar, ni siquiera a la policía municipal.

Poco más de tres horas duró el recorrido que terminó con un mitin frente al Auditorio Emiliano Zapata y que se vio coronado por los comunicados de Gloria Arenas, otrora detenida en el penal de Chiconautla, Ecatepec, y de América del Valle, a quien las policías estatales y federales buscaban hasta por debajo de las piedras. La cereza en el pastel la pondría Marcos al mostrar algunos cartuchos calibre .38, vacíos unos, sin percutir otros; “si revisan –invitaba el delegado zero- verán que son de la misma marca y el mismo calibre que usa la policía del Estado de México”. Como respuesta, el grito de “¡Asesinos! ¡Asesinos!” se iría haciendo unánime hasta retumbar en el centro de Atenco.

En la legislación mexicana se considera un delito incitar a la rebelión y a la desestabilización del Estado y sus instituciones. Por lo tanto, el perredista Nazario Gutiérrez Martínez, alcalde de Texcoco; los priístas Enrique Peña Nieto y Humberto Benítez Treviño, gobernador y secretario de Gobierno del Estado de México; el panista Vicente Fox Quezada, expresidente de México; los señores Roberto Madrazo, Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, excandidatos presidenciales del PRI, PAN y PRD; los militares Wilfrido Robledo Madrid y Ardelio Vargas Fosado, entonces mandos superiores de la ASE mexiquense y la PFP; el abogado Eduardo Medina-Mora Icaza, extitular de la SSP federal y posteriormente, premiado por el gobierno (sic) calderonista, procurador General de Justicia, y, finalmente, los empresarios Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego, dueños de Televisa y TvAzteca, respectivamente, junto con los conductores y conductoras de sus noticieros, son responsables de instar a la desestabilización del Estado y sus instituciones: al no cumplir su palabra empeñada en las mesas de diálogo con floricultores de Texcoco e integrantes del FPDT; al insistir en despojar a los pueblos aglutinados en el FPDT de sus tierras, en nombre de proyectos que velan por las ganancias de los particulares por encima del derecho colectivo de las comunidades; al saludar el uso gubernamental de la violencia o bien guardar silencio por ello siendo líderes de opinión en sus partidos, dando así un espaldarazo a la impunidad; al dar carta abierta a sus subalternos para que cometieran toda la gama de atropellos que desearan, incluyendo la violación sexual contra mujeres como botín de guerra; al echar mano de los aparatos de justicia para condenar hasta por más de 67 años de prisión a luchadores sociales, como represalia política; al emplear concesiones del espectro radioeléctrico para fustigar a las fuerzas armadas en el uso de la violencia en contra de los movimientos sociales, y al no dejar a los pueblos y comunidades otra salida que la rebelión, como medida de defensa frente a un gobierno que desde todos sus niveles y poderes apuesta por la razón de la fuerza porque carece de la fuerza de la razón.

Siete años después, los asesinatos y las violaciones siguen impunes, sólo uno de los agentes que intervinieron en los atropellos fue consignado (para salir más tarde libre debido a que se consideró que su falta era menor), la mayoría de los funcionarios públicos continuaron en sus cargos y los que no, o renunciaron librándose de acusaciones en su contra, o fueron premiados por el gobierno de facto panista, el cual, dicho sea de paso, volvió a proponer la construcción del aeropuerto en Texcoco con el beneplácito del otrora gobernador priísta del Estado de México, hoy presidente de la República, y el ex-jefe de gobierno perredista de la ciudad de México. Mientras tanto, poco a poco, y gracias al oficio de sus incansables abogados, las y los luchadores sociales detenidos en Atenco el 4 de mayo fueron saliendo de prisión.

Dicen que la fortaleza y la dignidad de un movimiento se expresa en la respuesta que éste da cuando es reprimido y las y los suyos son golpeados. La Otra Campaña, ahora La Sexta, que durante 2006 fue vista por tirios y troyanos como los grandes aguafiestas del circo electoral, aunque sin poder real para impedir la sucesión de acontecimientos que dieron patente de corso a la burla de la voluntad popular expresada en las urnas porque su proyecto de nación parte de la construcción de otras formas de hacer política, no dudó en responder en la medida de sus fuerzas al llamado que la lucha les hacía: fueron a Chapingo y de allí a Atenco la noche del 3 de mayo para ser vejadas y vejados al día siguiente y seguir secuestrados por el poder todos estos meses; marcharon desarmadas, desarmados, ante lo que parecía el enésimo episodio de aquél acto bárbaro de represión; organizaron un sin de manifestaciones y mesas redondas para exigir la liberación de sus compañeras y compañeros; se mantuvieron en plantones afuera de los penales en que aquestos estuvieron secuestrados e interpusieron una y otra vez demandas de amparo que pusieran fin al rapto de Estado, y siguen exigiendo justicia en cortes internacionales, sumándose a movimientos consecuentes en su lucha contra el poder y echando mano de los medios de comunicación alternativa para levantar la voz y hacerla resonar en otras partes del planeta.

Es verdad, la respuesta por parte de las y los adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona no ha sido uniforme ni, mucho menos, masiva; pero ése 5 de mayo demostraron que ellas y ellos no serían como quienes diciéndose de izquierdas pactan con el poder, se toman fotos con los represores, se vuelven amigos de los despojadores y guardan silencio ante la masacre; traicionando la memoria de los más de 500 compañeros suyos asesinados por los mismos con que ahora andan, comen y brindan, destrozándose cuales buitres, por tener un asiento en la mesa del poder.