Sí, una agrupación de artistas escénicos de Mérida.

Hacia la segunda semana de mayo, el bailarín y coreógrafo Roger Pech Sansores nos comunicaba a sus colegas de tablas que en el marco de una reunión con personal de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta) del Estado de Yucatán se les había informado a las y los creadorxs dancísticos que los teatros José Peón Contreras, Daniel Ayala Pérez y Armando Manzanero (antes, Mérida) serían rentados a quienes quisiéramos presentar nuestras producciones en ellos; incluidos, claro, los colectivos que nos seguimos abanderando como independientes, amén de los apoyos que conseguimos tanto de la iniciativa privada y la administración pública, cuanto del así llamado tercer sector que integran las organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional. La medida, proveniente de la Secretaría de Administración y Finanzas encabezada por el empresario Roberto Antonio Rodríguez Asaf por instrucciones, debe suponerse, del gobernador Rolando Zapata Bello, es a todas luces un botón de muestra de que cuando nuestras autoridades hablan de desarrollo lo hacen bajo dictados neoliberales; por lo menos, en materia de cultura.

La noticia de lo que no puede leerse sino como una privatización de facto de la infraestructura teatral en la capital del estado, ya que sólo las escuelas y academias particulares y las producciones que cuenten con la solvencia económica para cubrir la renta de los teatros, pagar técnicos, edecanes y boletaje y emprender una estrategia de mercado de públicos que según la matemática cultural implicaría invertir por lo menos el 20 por ciento del presupuesto de producción podrán hacer uso de los teatros en teoría públicos, llevó a que algunas y algunos colegas comenzarán a convocarnos a lxs demás para pensar juntxs qué podíamos hacer ante ésta y otras decisiones, tomadas y por tomar, por parte de las y los funcionarios de cultura de los gobiernos estatal y municipal. La mesa estaba puesta, pues, entre quienes nos convocaban había compañerxs que ya de por sí venían reuniéndose con la idea de presentar a la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mérida y a la Sedeculta del estado sendos planes que desde su perspectiva contribuirían en la generación y multiplicación de públicos asiduos al teatro, la danza, la música y la performance en espacios alternativos a la infraestructura gubernamental.

Yo acudí a la segunda de estas primeras reuniones, no así el colectivo al que me adscribo, representado desde la primera reunión por el actor y director Pablo Herrero, y quise poner énfasis sobre un par de cosas que en mi opinión es importante no perder de vista: la política cultural en el país, no nada más en Yucatán, está siendo dictada por organismos internacionales que, para decirlo en reduccionismos groseros, entienden las culturas y las artes bajo criterios de mercado que conculcan derechos humanos de segunda y tercera generación, y, por ende, poco a poco las legislaciones nacionales van apuntando hacia la legalización de la comercialización y privatización de la educación y la cultura; creer que cuando las autoridades hablan de desarrollo lo hacen en nuestros mismos términos puede rayar en la ingenuidad y sujetarnos a un marco legal cada vez más a modo de intereses capitalistas sin buscar incidir en que dichas leyes garanticen la plena satisfacción de derechos económicos, sociales y culturales puede ser un error.

Motivado por éstas y otras reflexiones y por el hecho mismo de que nos estemos reuniendo en la defensa de nuestra fuente de trabajo y del derecho general a disfrutar de una producción artística y cultural de calidad, escribí una pequeña nota titulada "¿Una agrupación de artistas escénicos de Mérida?" (Milenio-Novedades, 28/05/2013) en la que comienzo hablando de la renta de los teatros administrados por el gobierno del estado en la ciudad de Mérida y termino diciendo que si bien las políticas culturales de las administraciones estatal y municipal difieren desde el nombramiento de sus responsables principales, creo que las diferencias más claras responden a la actitud de la informe comunidad artística de cara a las decisiones y omisiones de los proyectos de gobierno de tales administraciones: cuando se anunció que no habría Festival de la Ciudad, creadoras y creadores nos le fuimos a la yugular al titular de la Dirección de Cultura; cuando de la Sedeculta salió la tardía invitación para armar el Programa Estatal de Desarrollo, casi nadie nos quejamos por el mañoso modo en que se nos había excluido.

Mi nota salió publicada el mismo día que celebraríamos la tercera sesión de nuestra incipiente agrupación y, "¡Oh, Fortuna!", como dijera Geta en Formión de Terencio, el señor Raúl Vela Sosa, titular de la Sedeculta, asistió para charlar cara a cara con quienes nos estamos juntando en Tapanco Centro Cultural y hacernos, dijo, algunas precisiones. No me atrevería a decir que fue mi nota lo que motivó que decidiera acompañarnos; cuando alguno de mis colegas, creo que Juan de Dios Rath, le dijo que celebraba su presencia, el señor Vela respondió: "es mi chamba". Importa poco, si no es que nada, saber si una nota publicada en el diario con menos ventas en la capital del estado le hizo, después de dos sesiones, recordar cuál es su chamba. Importa, eso sí, que haya acudido y nos haya escuchado. Importa que, inclusive, haya soltado dos o tres datos importantes de compartir. Uno de ellos tiene que ver justamente con la renta de los teatros: se trata de una norma impuesta desde 2009 por el gobierno de Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, "el monstruo no nació ahora", dijo, que no se había implementado; en su lugar, "álguienes", podemos suponer que quienes dirigen los teatros, acordaban con las compañías irse a taquilla en una proporción de 75 por ciento para la agrupación artística y 25 por ciento para el teatro, porcentaje, éste último, que, se presume, nunca llegaba a las arcas de la administración.

Si entiendo bien, la disposición gubernamental de rentar los teatros responde a casos graves de corrupción en la administración anterior; sin embargo, el señor secretario en su misma puntualización dijo que no le interesaba saber quién había hecho qué, sino que las arcas del estado se sanearan. Cabe preguntar, ¿cómo busca sanear dichas arcas sin deslinde de responsabilidades y manteniendo aún en sus puestos a quienes presuntamente habrían cometido tales actos de corrupción? Así las cosas, la disposición que ordena rentar los teatros no sólo propiciará que las compañías, colectivos y personas que hacemos de las artes escénicas nuestro oficio y fuente principal de ingresos vayamos quedando al margen de su acceso por no poder cubrir el costo que ello implicaría, sino, además, redundará en el enriquecimiento ilícito de quienes operan la administración pública. Se podrá decir que no será así, debido a que los ingresos de la renta no quedarán ya en manos de funcionarios culturales en quienes ni su propio jefe parece confiar; pero el reconocimiento de que la regla que nos normará la heredamos del gobierno que abrigó dichas triquiñuelas suena más a una abdicación de funciones que a una voluntad de reparar lo que se ha venido haciendo mal: si el monstruo no nació ahora, que, por lo menos, no se le dé de comer más.

Enhorabuena por el esfuerzo de quienes nos estamos reuniendo, no ya con ánimo servil, sino propositivo, en aras de incidir en las políticas culturales que, por ahora, han brillado por su ausencia por lo menos en lo que a la administración estatal toca. Enhorabuena por la visita del señor secretario y su voluntad expresa de diálogo; esperemos que tácitamente esa voluntad no se traduzca en puertas cerradas y oídos sordos pasado mañana y que el saneamento que dice durará hasta 2014... sí, así están las cosas... dé paso a una relación de respeto con las y los creadores escénicos donde la palabra desarrollo signifique investigación, rescate, promoción, difusión, producción y goce universal del patrimonio artístico y cultural que está haciendo que diversos ojos lancen la mirada hacia estas tierras del Mayab.

Roger Bartra, citando a John Keane y su concepto de monitory democracy, escribió en Letras Libres sobre la necesidad de una democracia que "agrega a los procesos tradicionales [de representación] nuevos y poderosos mecanismos de escrutinio no parlamentario; una democracia en la que se multiplican los mecanismos monitores que permiten vigilar a los poderes establecidos e informar a la sociedad sobre su funcionamiento, mediante [acciones] realizadas por grupos e instituciones independientes que suelen amonestar, conminar o reprender a los poderes políticos y que alertan públicamente y reparten moniciones sobre el mal funcionamiento del gobierno y de los malos manejos de los políticos, los funcionarios y los representantes." ¿Acaso no nos merecemos una democracia que por lo menos sea así?