Hoy, 3 de febrero de 2007, se cumplen nueve meses de la represión desatada por la policía municipal (perredista) de Texcoco, la Agencia de Seguridad Estatal mexiquense (priísta) y la Policía Federal Preventiva (panista) en contra de adherentes de la Otra Campaña, especialmente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). Al día siguiente, la represión alcanzaría uno de sus grados más altos en contra de compañeras y compañeros de distintas organizaciones, colectivos y movimientos que acudieron a solidarizarse con nuestr@s herman@s de San Salvador Atenco.
La escalada.
Apenas había arrancado la
Otra Campaña, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y su vocero, el
subcomandante Marcos,
delegado Zero de su Comisión Sexta, propusieron a las organizaciones, grupos, colectivos y personas que se habían adherido a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona (la Sexta) acordaran como un principio fundamental de dicho esfuerzo organizativo denunciar cualquier acto de represión en contra de cualquier adherente, en cualquier parte del país; algo así como
“si tocan a un@, nos tocan a tod@s”.
A los buzones de los correos electrónicos comenzaron a llegar una tras otra las denuncias de persecución, hostigamiento, amenazas, agresiones físicas y verbales y hasta detenciones en casi todos los estados del país; la mayoría, de aquellos donde el delegado Zero y la Karavana que le acompaña ya habían pasado o estaban por pasar.
Fue tras la represión a indígenas de San Blas Atempa, Santa Catarina Juquila, Chuxnabán, Quetzaltepec Mixe, San Andrés Montaña, Silacayopan y Santiago Ixtayutla, en el estado de Oaxaca, que Marcos, estando en Hidalgo, llamó a la realización de una jornada nacional contra la brutalidad policiaca, que se empataría con acciones similares en otros lugares del planeta. A la mayoría de las personas adherentes a la Sexta, la convocatoria del líder insurgente les pareció importante, pero no tanto como para trabajar en serio en ello y las más de las acciones no pasaron de ser pequeños eventos desangelados.
En su paso por tierras morelenses, Marcos demostró cuán serio era para él y el EZLN hacer cara a la represión y, tras suspender una de las actividades más importantes (si no es que la que más) en la cuna del zapatismo, dejó de lado la visita a la tumba de Emiliano Zapata en Cuautla para hacer acto de presencia en la barranca de Los Sauces, en la capital del estado e impedir que integrantes de Guardianes de los Árboles y demás colectivos ecologistas (algunos de ellos adherentes a la Sexta) fueran reprimidos por los policías de los gobiernos municipal y estatal panistas.
Entre la gente que acompañó al vocero zapatista en Acapantzingo para hacer frente a unos granaderos que tan pronto supieron de su arribo se esfumaron, estaban estudiantes universitarios, solidarios como cuando fueron a encarar a elementos del Ejército federal en Amador Hernández, Chiapas, y algunos integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), llamados peyorativamente por los gobiernos de todos los niveles y colores como “los atencos” o “los macheteros”.
Luego vendría la represión a los trabajadores de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas (Sicartsa), en Michoacán. El delegado Zero había suspendido la visita programada a la empresa adquirida por Villacero en 1991 debido a la compleja y por ello delicada situación que los obreros protagonizan a favor de Napoleón Gómez Urrutia; para la Comisión Sexta del EZLN era importante cuidarse de que la posible visita de su jefe militar no se leyera como un apoyo al líder charro, como lo había venido haciendo respecto a personajes de similar ralea, como Francisco Hernández Juárez y Roberto Vega Galina.
El uso de la fuerza pública para restablecer el multimentado “estado de derecho” que, como buen instrumento de la derecha, sólo beneficia a intereses privados, se cobró con la muerte de dos trabajadores siderúrgicos la osadía de querer defender lo poco que les quedaba de su autonomía sindical y vino a sumarse al homicidio industrial (que no por no estar tipificado en el código penal es menos criminal), en contra de 65 mineros cuyos cuerpos seguramente calcinados han sido abandonados en las entrañas de Pasta de Conchos, Coahuila.
Entre los obreros de Sicartsa algunos son adherentes de la Sexta y si se había logrado detener, aunque sea por un momento, la represión contra adherentes de la misma en Morelos, en Michoacán ésta (la represión) se llevaba consigo las vidas de dos compañeros.
El desquite.
El pasado 3 de mayo, a unos cuantos días de celebrarse el IV Congreso Nacional Indígena (CNI) y a poco más de una semana de realizarse el encuentro, también nacional, sobre estrategias legales a favor de presos y desaparecidos políticos, la represión que ha estado pisando los talones a la Otra Campaña cayó sobre campesinos floricultores de Texcoco y sobre ejidatarios de San Salvador Atenco, en el Estado de México.
Ese mismo día, el delegado Zero y algunos centenares de personas escuchaban con no poca indignación el rosario de denuncias y propuestas que hacían hombres y mujeres con diversas preferencias sexuales y un ejercicio aún más variado de las mismas, entre ello el trabajo sexual, en la Alameda Central de la ciudad más grande del planeta; aquella cuyo gobierno local perredista le ha colgado el mote de “ciudad de la esperanza” en el doble juego de otorgar paliativos a los más vulnerables para contener la resistencia que pudiera surgir contra la voracidad de los más poderosos.
A la indignación la fueron alimentando, ya en el Mercado de La Merced, nuevos testimonios, ahora de locatarios de mercados públicos amenazados por el avance de las grandes trasnacionales en tiendas departamentales como Wal-Mart o Costco Wholesale, gracias al contubernio que sostienen con las autoridades gubernamentales de los tres niveles de gobierno; y lo mismo sucedería en Tepito, con colonos de uno de los barrios más emblemáticos de la capital del país, donde el gobierno metropolitano pretende ocultar bajo segundos pisos de vialidades la miseria que desde los suburbios pueda llegar a contaminar la mirada de quienes demandan, pues para ello han pagado, poder transitar de sus residencias a los luminosos centros comerciales, y vizconversa, sin peligro.
Pero el punto más alto de la indignación se alcanzaría en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, último bastión mexica de resistencia frente a la invasión española del siglo 16 a estas tierras y famosa porque entre sus ruinas de templos precoloniales, su iglesia católica y sus edificios posrevolucionarios se dieron cita los acontecimientos que enmarcaron una de las matanzas más atroces que los gobiernos priístas hayan orquestado contra el pueblo de México.
La voz de América del Valle, hija de Nacho del Valle y doña Trini Ramírez, líderes morales del FPDT, resonaron a lo largo y ancho de una plancha que llena de memoria ensangrentada esta vez lucía con varios claros entre los asistentes: en la mañana, el gobierno municipal perredista de Nazario Gutiérrez Martínez había reprimido a un grupo de floricultores y, por la tarde, los gobiernos estatal priísta de Enrique Peña Nieto y federal panista de Vicente Fox Quesada habían hecho lo mismo contra integrantes del FPDT, que en solidaridad con sus compañeros habían bloqueado la carretera federal Texcoco-Lechería, a unos kilómetros de San Salvador Atenco.
La empresas privadas de televisión, principales beneficiadas por las recientes reformas legales en materia de telecomunicaciones, pusieron a disposición de su teleauditorio algunas imágenes de los enfrentamientos, al parecer con una doble intención: develar los excesos, a todas luces condenables, que suelen surgir en este tipo de situaciones cuando la gente se ve amenazada y es atacada, y evidenciar a los jefes policiacos en su “ineptitud para imponer el orden”.
La estrategia mediática surgió el efecto deseado. Azuzados, Humberto Benítez Treviño, secretario de Gobierno del Estado de México; Wilfrido Robledo Madrid, comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), y Ardelio Vargas Fosado, entonces jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva (PFP); por órdenes de Eduardo Medina Mora, otrora secretario federal de Seguridad Pública, y del gobernador del estado, diseñaron el operativo de represalia y avanzaron sobre el pueblo de Atenco en formación militar.
El día anterior, a pesar de la deficiente intervención, los agentes policiacos habían llegado hasta el centro de San Salvador Atenco, donde se enfrentaron durante horas con integrantes del FPDT que resistían el embate. Esta vez, heridos en su orgullo de militares, arrasaron con todo y contra todos. El pretexto era rescatar algunos elementos de las corporaciones estatales y federales que estaban retenidos por los pobladores; pero que, en el caso de los heridos, recibían atención médica por parte de los atenquenses.
El supuesto rescate incluyó, sin embargo, el arresto de centenares de personas, miembros de diversas organizaciones, grupos y colectivos sociales y políticos, así como trabajadores de medios libres, alternativos e independientes de comunicación, que la víspera habían llegado a San Salvador Atenco para ofrecer apoyo mediático, moral, médico y legal a los pobladores.
En total, el número de detenidos, heridos, desaparecidos y muertos a causa de los actos de represión del 3 y el 4 de mayo alcanzó las 290 personas. Entre ellos se cuentan lo mismo integrantes del FPDT que de otras organizaciones sindicales, políticas y sociales, como el FPR, el STRM, la Unión de Juristas de México, JRA, el MUT, el FTPJSIMSS, el POS; instituciones de educación superior, como la Universidad Autónoma de Chapingo, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; colectivos como Colmena, Radio Pacheco, Video Reforma, Zona Rosa, José de Molina, Machetearte, Centro de Medios Libres, y organismos no gubernamentales, como la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos; entre otros. Aún así, para el contralmirante y ex director del Cisen, Wilfrido Robledo Madrid, el operativo, que bien hubiera podido llamarse “Operación Revancha”, resultó “limpio”.
La respuesta.
El otro objetivo de la estrategia de desprestigio, que responde perfectamente a lo que Guillermo Almeyra llama “la estrategia de la tensión” (La Jornada, 7 de mayo de 2006) estaría por medir sus alcances desde el mismo 4 de mayo por la mañana. El día anterior, el subcomandante Marcos había declarado al EZLN en Alerta Roja y, como paso lógico, el cierre de los cinco Caracoles zapatistas, sedes de las Juntas de Buen Gobierno; y llamó a las organizaciones y personas adherentes a la Sexta que en punto de las 8 de la mañana realizaran acciones de protesta por la represión en Texcoco y Atenco.
En algunos estados y en el Distrito Federal, se llevaron a cabo bloqueos de calles y carreteras, marchas y paros intermitentes de labores en facultades y escuelas hacia la primera parte del día, y, por la tarde, lo que originalmente se había convocado como una reunión de la Coordinadora Regional de la Otra Campaña en el Centro de la Ciudad de México, se convirtió en una asamblea metropolitana a la que acudieron adherentes a la Sexta del Estado de México y otras entidades federativas, como Puebla, Durango, Michoacán, Veracruz, Guanajuato, Quintana Roo, Chiapas e Hidalgo.
Allí, algunas personas que habían conseguido escapar del cerco policiaco-militar en San Salvador Atenco dieron cuenta de los detalles de la represión donde, entre lo más indignante, se encuentran las violaciones multitudinarias a la mayoría de las mujeres y el caso de Alexis Benhumea, estudiante de la UNAM, lesionado con doble fractura craneal y exposición de masa encefálica, cuya vida está luchando por retener en medio de un estado de coma.
A este y otros hechos, los autores intelectuales y materiales de la represión respondieron en entrevistas a algunos medios de comunicación oficiales, que si bien se habían presentado “algunos excesos”, ¿por qué no también preguntaban a “los macheteros” por la golpiza propinada a agentes que habían sido abandonados a su suerte por sus mismos compañeros? Efectivamente, en los enfrentamientos del día 3, algunos grupos de ejidatarios sometieron a un par de agentes de la ASE y de la PFP; a uno de ellos lo golpearon con saña en el cuerpo, cabeza y testículos. Pero al día siguiente, con “algunos excesos” de por medio, los elementos de las mismas corporaciones se cobrarían la afrenta, y lo ocurrido a su compañero parecería pecatta minuta: abuso y violaciones a mujeres; golpes y puntapiés a ancianas y ancianos, algunos de ellos parapléjicos; macanazos y toletazos por lo menos durante cinco horas a hombres y mujeres, muchos de los cuales ni siquiera habían opuesto resistencia porque estaban en misión civil de observación o ni siquiera “tenían vela en el entierro”, y un largo etcétera que hiciera de San Salvador Atenco el escenario de acontecimientos más que familiares durante las dictaduras en los países del cono sur del continente y la resistencia partisana a los nazis en los países de la Europa de mediados del siglo pasado.
Por eso, en la asamblea tras los bloqueos del 4 de mayo se acordó realizar una marcha de la Universidad Autónoma de Chapingo a San Salvador Atenco al día siguiente, una asamblea nacional contra la represión el día 6 y una jornada amplia de información y volanteo el día 7; demandando la liberación de todos los presos y presas políticos y de conciencia, la presentación inmediata con vida y en buen estado de las y los desparecidos, la salida de todas las fuerzas represivas de Atenco, la suspensión de todas las órdenes de aprehensión y el cese del hostigamiento y los cateos.
El 5 de mayo, en una clara amenaza, José Antonio Villanueva Lira, jefe de la subsección del servicio militar nacional de la Armada de México, declararía en el marco de la ceremonia de jura de bandera de 150 jóvenes conscriptos, que “los recientes acontecimientos de violencia y enfrentamiento entre actores sociales y autoridades del gobierno son hechos aislados de gente protagonista que quiere figurar en los escenarios políticos y sociales”, y aseguró que los jóvenes preparados en la Armada “estarían listos” de ser requeridos por el Estado mexicano.
Mientras tanto, a unos cuantos kilómetros de allí, alrededor de 2 mil personas se preparaban para romper pacíficamente el cerco policiaco-militar de San Salvador Atenco. Al frente, rodeado por una burbuja humana para su seguridad, iría el subcomandante Marcos y, cubriéndole las espaldas, en primer término los contingentes de estudiantes de Chapingo, el IPN, la UNAM y la UAM.
Al llegar al zócalo de Texcoco, donde se había acordado realizar un mitin para valorar el avance hacia Atenco, la marcha sumaba ya unas 4 mil personas, lo que quizás inclinó la balanza hacia la decisión de continuar; cuando los contingentes arribaron a San Salvador Atenco, alcanzaba la suma de 7 mil personas, según las estimaciones promedio.
Robledo Madrid, tristemente célebre por la toma de Ciudad Universitaria en febrero de 2000 y por el desvío de recursos cuando fungió como el primer comisionado de la PFP cuando ésta había sido recién creada con unos 5 mil elementos del Ejército federal, había declarado por la mañana que la ASE no se retiraría de Atenco sino hasta el 6 ó 7 de mayo, y eso dependiendo del control de la situación; pero cuando la marcha llegó a la plaza de armas, frente a la Casa de Cultura, no se veía ni un solo policía.
Poco más de tres horas duró el recorrido que terminó con un mitin frente al Auditorio Emiliano Zapata y que se vio coronado por los comunicados de Gloria Arenas, detenida en el penal de Chiconautla, Ecatepec, y de América del Valle, a quien las policías estatales y federales buscan hasta por debajo de las piedras.
La cereza en el pastel la pondría el subcomandante Marcos al mostrar algunos cartuchos vacíos .38; “si revisan –invitaba el delegado Zero- verán que son de la misma marca y el mismo calibre que usa la policía del Estado de México”. Como respuesta, el grito de “¡Asesinos! ¡Asesinos!” se iría haciendo unánime hasta retumbar en el centro de Atenco.
Los criminales.
En la legislación mexicana se considera un delito incitar a la rebelión y la desestabilización del Estado y sus instituciones, argumentación jurídica que comparten el gobierno y los magistrados españoles al condenar a la izquierda abertzale y sus dirigentes o decretar el cierre de diarios publicados en euskera con el pretexto de “enaltecen el terrorismo”.
Siguiendo esa misma lógica, Nazario Gutiérrez Martínez y Enrique Peña Nieto, así como Humberto Benítez Treviño y Wilfrido Robledo Madrid; lo mismo que Ardelio Vargas Fosado (premiado por el gobierno calderonista como comisionado de la PFP y la AFI) y Eduardo Medina-Mora Icaza (actualmente procurador General de la República) y, finalmente, Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego, dueños de Televisa y TvAzteca, respectivamente, junto con los conductores y conductoras de sus noticieros, son responsables de instar a la población de Atenco y de otros pueblos y organizaciones a la rebelión como medida de defensa frente a un gobierno que de tan incompetente prefiere hacer uso de las armas que de la palabra; así que, señoras y señores de los medios de comunicación, tienen en ustedes mismas, en ustedes mismos, aquellos por quienes clamaban castigo.
En primer lugar, porque sin haberse concluido las mesas de diálogo que estaba definiendo la situación de los floricultores de Texcoco, el gobierno municipal recurrió al uso innecesario de la fuerza pública para someterlos.
En segundo, porque habiendo roto el bloqueo a la carretera federal Texcoco-Lechería, la ASE y la PFP irrumpieron en San Salvador Atenco trastocando la paz social; provocando una reacción defensiva de sus pobladores, quienes respondieron con violencia a la violencia de que eran sujetos; cateando sus casas sin contar con las órdenes correspondientes, y arrestando a más de 200 personas sin existir de antemano órdenes de aprehensión, imputándoles a muchos de ellos delitos que para nada están relacionados con los hechos violentos del 3 y 4 de mayo, sino cobrándoles la factura de la resistencia que han protagonizado contra el capitalismo que les ha querido despojar de sus tierras entre 2001 y febrero de 2006.
Y, en tercero, porque las transmisiones de los noticieros de las empresas que ostentan el duopolio televisivo, lo mismo que sus programas de radio y algunas de sus publicaciones impresas, se caracterizaron por demandar “mano dura” contra “los revoltosos”, en un conflicto cuya solución requería de una mano sensible a las demandas de los pobladores de Texcoco, y por instigar a las corporaciones policiacas, aguijoneándoles el orgullo evidenciando su ineptitud y sugiriendo su derrota ante los campesinos como si de lo que se tratara es de la Ley del Talión; el resultado fue una suerte de “Operación Revancha” con que el comisionado de la ASE y el jefe del Ejecutivo estatal se regocijaron de soberbia y autoritarismo, dado el “éxito del desquite”.
La combinación de todos estos elementos bien puede llegar a provocar la desestabilización del Estado mexicano y sus instituciones; y estos mismos delitos pueden ser imputados a directivos y presidentes de medios impresos, como el periódico La Crónica, o personajes que se sumaron al terrorismo de Estado desde el púlpito que les significa una curul en el Senado, un puesto en alguna secretaría o los vínculos y la protección de la iglesia católica, como son los casos de un Diego Fernández de Cevallos, un José Carlos María Abascal Carranza, un Onésimo Cepeda Silva o un Norberto Rivera Carrera; entre muchos otros.
Más todavía, tenía razón el señor Vicente Fox Quesada, cuando en su calidad de jefe del poder Ejecutivo federal sostenía que “nadie está por encima de ley como para suponer que tiene derecho de imponer su verdad a los demás mediante el uso de la fuerza”, y era bueno oírselo decir, porque él es el primero en encabezar la lista de quienes deberían ir a parar a la cárcel por ello, y no las casi 300 personas que esposadas a una cama de hospital, castigadas en algún reclusorio o desparecidas quién sabe donde, fueron privadas de su libertad y vejadas en su integridad física y mental ante el silencio generalizado de una sociedad que estaba más ocupada en contar los días que faltan para que arranque el mundial de futbol.
La postdata.
Pero no sólo, el mutismo habita también en las filas de quienes otrora habían salido a las calles, llenando las plazas públicas o dignificando los medios de comunicación con su palabra, su grito o su canto en contra de la injusticia. Tal vez estén cobrándole al zapatismo la osadía de señalar sin empacho cómo y en qué su ex-candidato a la presidencia de la República está aliado con el autoritarismo y la impunidad con que los de arriba han despojado a los de abajo.
Quizás, como señala Guillermo Almeyra, no le perdonen a la Otra Campaña haber tomado una camino distinto al suyo y, luego que “su gallo” anduvo a la baja en el espejismo de la encuestitis elevada a oráculo nacional, no encuentraron a quien cobrarle la derrota sino a quienes como ellos se encuentran abajo.
“Se lo tienen merecido”, dijeron. Y, olvidando aquello que dijera el Ché a sus hijos de que “ser siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo es la cualidad más linda de un revolucionario”, repitieron con Práxedes Giner Durán, el asesino de Arturo Gámiz y Pablo Gómez: “¿Querían tierra?, ¡échenles hasta que se harten!”.
*Publicado hacia mayo de 2006 en diversos medios impresos y digitales bajo el título Los Sauces, Sicartsa, Atenco... falta lo que falta.
Encuentro de Pueblos Indígenas de América
