Irresponsables.

Leo en la prensa las declaraciones que hizo en Yucatán el señor que reside actualmente en Los Pinos, llamándonos irresponsables a quienes estamos «dale y dale en el oficio de cuestionar (la nota de Jesús Aranda y Luis A. Boffil en La Jornada el pasado 27 de abril sugiere que su “plan anticrimen”), de debilitar, de sacar raja política de los temas», y, perdón hijo, pero no puedo evitar pensar que ése señor es un imbécil; no porque necesariamente lo sea, aclaro, sino porque cree que nosotros sí lo somos.

Aranda y Boffil dan cuenta que cuando alguien le dice que su estrategia (si es que hay tal) está equivocada su respuesta es: «¿Qué quieres que haga? ¿Más educación?, pues estamos haciendo más educación», y ofrece cifras. «¿Más hospitales?», y dice nuevas cifras. «¿Cuáles son las propuestas? –pregunta-, o díganlo con toda claridad, ¿quieren que retire las fuerzas federales donde están prestando apoyo?»

Y, bueno, sí; dicho «con toda claridad», las fuerzas armadas, el Ejército y la Marina, pues, deben regresar a sus cuarteles. La multiplicación de la violencia en el país, está documentado, tiene como uno de sus factores la participación de las fuerzas castrenses en el combate a sólo uno de los delitos que comete el crimen organizado: el narcotráfico; pero no sólo eso. Queremos que se formulen, desarrollen y perfeccionen programas de capacitación para que el personal encargado de la prevención, la detección y el control de los delitos (sobre todo las policías) cumplan y hagan cumplir las leyes que nos norman; no que es éste quien termina protagonizando la comisión de dichos delitos.

Y el punto de partida está, como apunta Antonio Attolini, en prevenir y combatir la corrupción de la clase política en todos los niveles de gobierno exigiendo que quienes no puedan o no quieran cumplir la ley sean sometidos a juicio político como primer paso para la formulación de acusaciones y dictado de sentencias judiciales por tráfico de influencias, conflicto de intereses, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, peculado, encubrimiento e instrumentalización y obstaculización de la justicia. Como dice Anabel Hernández, quienes desde las clases política y empresarial están ligados al crimen organizado son los verdaderos señores del narco, y muchos de ellos son colaboradores y socios cercanos al señor que despacha en Los Pinos; incluyendo, por supuesto, a muchos gobernadores.

Algo más, nuestra petición de cumplir y hacer cumplir la ley no es, de ninguna manera, patente de corso para la implementación de un estado de excepción en el que sean suspendidas las garantías individuales y el respeto a derechos humanos consagrados en nuestras mismas leyes; de allí, además de otros muchos detalles que la limitación de espacio no nos permite abordar ahora, nuestro rechazo a que sea aprobada la Ley de Seguridad Nacional en los términos que proponen la Sedena, el PRI y el PAN. Por el contrario, tales derechos y garantías exigen que se articulen una serie de medidas de prevención social del delito como las relativas a garantizar una educación y una salud dignas; pero, también, trabajo y acceso a la cultura igualmente dignos.

Eso es justamente lo que, por decir un ejemplo, dota de significado a la propuesta de Sergio Galindo y su Compañía Teatral del Norte, quienes bajo el lema de «Menos Balas, Más Teatro» que sirvió de bandera a quienes empujaron la creación de un estímulo a la producción teatral mediante la adición del artículo 226 Bis de la Ley del ISR nos llaman desde Sonora a hacer del teatro una herramienta para recomponer el tejido social. Sin embargo, dichas medidas no funcionarán si, en principio, insisto, el cumplimiento de la ley sigue siendo discrecional y respondiendo a los acuerdos propios de la corrupción; pero, más aún, mientras la educación, la salud, el trabajo y la cultura continúen “funcionando” bajo la lógica criminal de un modelo de producción como el capitalista que, en nombre de la obtención de la ganancia por la ganancia, desprecia olímpicamente toda forma de razón y de vida.

Negar siquiera el debate en torno a la legalización del consumo de una mercancía como la droga, que por seguir prohibida goza de un plusvalor de muerte donde, en lugar de haber un trato de mayoría de edad a las y los ciudadanos, hay un mercado cuyo costo social, económico y político está tasado en miles de vidas humanas, es un signo de tal desprecio; desprecio que se corresponde con el hecho de que el patrimonio de las empresas criminales y de las empresas legalmente constituidas ligadas a organizaciones delictivas siga intocado.

Estas y muchas otras son las propuestas de aquellas y aquellos a quienes ése señor que dice ser presidente de México llama “irresponsables”; ninguna de ellas han sido escuchadas por él y sus colaboradores, todo lo contrario, aunque las muertes de nuestros amigos y familiares continúe siendo la nota principal del día. ¿Quiénes son, entonces los irresponsables?