No es un favor.

(Publicada en versión corta bajo el título «Contradicciones», en Milenio-Novedades de Yucatán, el 9 de julio de 2013).

En mi nota anterior, Suvenires del paisaje global, comencé a hablar de las primeras “respuestas” que el gobierno del estado de Yucatán ha dado a la petición que por escrito y de manera pacífica y respetuosa le hiciera la otrora Agrupación de Artistas Escénicos de Mérida (hoy, de Yucatán) por medio de sendas cartas enviadas tanto al titular de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta) cuanto al señor gobernador, con copia a la presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Arte, Cultura y Deporte del Congreso local, desde el pasado 17 de junio.

Siguiendo la misma línea, digamos, argumental de sus primeras “respuestas”, el Ejecutivo estatal ha decidido, por un lado, excluir a la Agrupación de la «Alianza Cultural» anunciada el 21 de junio en el marco de la Reunión Nacional de Teatro, con la cual, se supone, el Ejecutivo local involucrará a instituciones de educación superior, grupos alternativos, colectivos y artistas independientes en el trabajo de la Sedeculta, y, por otro lado, confrontarla en la rueda de prensa donde por fin se daba cuenta del Festival de Teatro «Wilberto Cantón», mediante un discurso paternalista y autoritario que se repitió en petit comité con algunos representantes de colectivos de la misma Agrupación.

No puedo hablar en su nombre, pero me atrevo a asegurar que en la Agrupación de Artistas Escénicos de Yucatán (que convoca desde luego a colegas de todos los municipios a articularse en su seno para la conformación de un espacio de encuentro, reflexión, promoción y gestión de toda la entidad y no sólo de la capital del estado) nos comprometemos a un diálogo permanente con las autoridades en materia de cultura que, insisto, son también muchas veces colegas nuestros cuyo trabajo y disposición reconocemos y saludamos, porque entendemos que son ellas, y no nosotros, quienes tienen la rectoría pública en dicha materia.

Sin embargo, y en esto hay que ser muy claros, la rectoría gubernamental de la política cultural no significa la sumisión ni de quienes somos trabajadoras y trabajadores del arte y la cultura ni de los diversos públicos con cuya complicidad contamos. Nosotras y nosotros no somos trabajadores del Estado, aunque la ausencia de una legislación que regule el mecenazgo haga que la percepción de apoyos a la creación con recursos públicos sea muchas veces la obtención de un pago de honorarios por prestación de servicios.

Producir y gozar del arte y la cultura es un derecho. Nuestra obra, si bien suele ser resultado de un proceso de producción, no es mercancía. Las y los creadores, antes que artistas somos ciudadanas y ciudadanos. Y, finalmente, las autoridades, antes que rectores de la administración y la política públicas, son funcionarios y servidores públicos: ser nuestros aliados en la defensa y promoción de nuestros derechos económicos, sociales y culturales no es un favor, es su obligación.